Víctimas del múltiple asesinato piden al Estado celeridad en las investigaciones para establecer la responsabilidad de militares y policías en este trágico hecho.
Siete personas perdieron la vida en la masacre de El Tandil.
Por Winston Viracachá Pava
Nariño, A siete años de la masacre del Tandil, familiares de las siete víctimas mortales y los más de 15 campesinos que resultaron heridos dicen que la Fuerza Pública sigue insistiendo que el hecho fue un acto del servicio y aseguran que lo que están buscando es que las investigaciones deben regresar a la justicia penal militar en dónde estuvieron por más de tres años, sin ningún avance, ni resultado.
Para José Santacruz, un reconocido líder e integrante de la asociación de juntas de acción comunal del Alto Mira y frontera (Asominuma) en la zona rural de Tumaco en el Pacífico nariñense dijo que la posición del Ejército y la Policía, al parecer, es una manera de dilatar el proceso debido a que ha sido la exigencia por parte de la Fuerza Pública para que el caso sea asumido de nuevo por la Justicia penal militar.
Mientras tanto los sindicados han seguido ascendiendo dentro de la carrera militar y de policía sin que la Procuraduría General de la Nación tan siquiera les dé un llamado de atención, aseguró el líder comunitario.
Otro de los campesinos que resultó herido en ese hecho, dice que han sido siete años de incertidumbre, abandono y total temor porque aún siguen recibiendo amenazas por parte de personas desconocidas que los quieren obligar a que no sigan acusando a los militares ni policías que estuvieron esta madrugada del 5 de octubre del 2017, un año después de la firma del proceso de paz con la antiguas FARC.
El labriego tiene en su cuerpo las huellas de ese fatídico día porque perdió varios dedos de su mano derecha y se puede apreciar una cicatriz en su rostro y asegura que a pesar de que ha relatado su historia más de cien veces todo sigue igual porque nadie los ayuda para mejorar su condición de vida y que por eso sigue cultivando y raspando hoja de coca en zona rural de Tumaco.
Como él son decenas de huérfanos, viudas, padres y madres de familia que cada año reclaman al Estado colombiano que se haga justicia porque temen que se venzan los términos y que esta masacre quede en la impunidad.
